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¡¡NO A LA PERSECUCIÓN DEL PERIODISMO INDEPENDIENTE Y ALTERNATIVO!!
Firma el pronunciamiento de apoyo a Claudia Cisneros, Luz Bazalar, Pavel Yashay y a las personas denunciadas por la PGE
No a la criminalización de la protesta y la libertad de expresión
Las organizaciones y personas firmantes expresamos nuestra profunda solidaridad con con los periodistas, comunicadores y activistas comprendidos en la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, por considerar que esta actuación representa un grave precedente para el ejercicio de las libertades democráticas en el Perú.
Resulta especialmente preocupante que se recurra al derecho penal para perseguir a personas que, mediante sus redes sociales o espacios de opinión, convocaron o respaldaron movilizaciones ciudadanas, cuando, al momento de formularse la denuncia, no se conocían hechos de violencia que pudieran justificar una imputación de tan alta gravedad. Criminalizar una convocatoria a la protesta pacífica antes de la existencia de actos concretos constituye un precedente que amenaza derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos.
Esta actuación compromete la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, el derecho a la participación política y el principio de proporcionalidad que debe regir toda intervención del derecho penal. En democracia, cuestionar a las autoridades, expresar preocupación frente a un proceso electoral o convocar a manifestaciones pacíficas no puede convertirse, por sí mismo, en una conducta susceptible de persecución penal.
Consideramos legítimo advertir que este tipo de actuaciones alimenta la percepción de un uso selectivo de las instituciones del Estado frente a determinados actores políticos y sociales, en un contexto en el que amplios sectores de la ciudadanía cuestionan la independencia de organismos públicos y denuncian la consolidación de una mayoría política que actúa de manera coordinada para restringir el disenso. La independencia de las instituciones públicas no las exime del escrutinio ciudadano ni de la crítica política cuando sus decisiones generan preocupación respecto de la vigencia de los derechos fundamentales.
Esa preocupación se incrementa al observar que no se conoce una actuación equivalente de la Procuraduría frente a otros dirigentes políticos que, en distintos momentos, realizaron llamados o declaraciones de similar o mayor intensidad. La aplicación desigual del poder del Estado erosiona el principio de igualdad ante la ley y debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de defender el interés público.
Estos hechos no pueden analizarse de manera aislada. Se producen en un contexto marcado por crecientes restricciones al ejercicio del derecho a la protesta, entre ellas limitaciones a la circulación de personas hacia la ciudad de Lima, controles de identidad cuya necesidad y proporcionalidad han sido cuestionadas públicamente, requisas a buses interprovinciales y restricciones a la movilidad en distintos puntos de la capital. En conjunto, estas medidas configuran un escenario que merece la máxima vigilancia por parte de la ciudadanía y de los organismos de defensa de los derechos humanos.
Como sociedad conocemos las consecuencias de normalizar el uso del aparato estatal para desalentar la crítica y la movilización ciudadana. Nuestra historia reciente, particularmente durante la década de 1990, demuestra que el debilitamiento de las libertades nunca ocurre de un día para otro, sino mediante decisiones sucesivas que reducen progresivamente el espacio democrático. Por ello, resulta inevitable expresar nuestra preocupación cuando observamos prácticas que evocan formas de actuación propias de períodos autoritarios. Más aún cuando estos hechos ocurren cuando se esta definiendo una solicitud de nulidad de actas y de revelación periodistica de la injerencia del Embajador de EEUU en Perú según Fabricio Escajadillo que favorece e impone a que sea un nuevo gobierno encabezado por Keiko Fujimori, parte de la Dictadura Fujimontesinista e hija del exdictador Alberto Fujimori, cuya historia política obliga a redoblar la vigilancia ciudadana, informar y denunciar frente a cualquier retroceso en materia de derechos y libertades quese vienen dando desde el 2022.
El inicio de un nuevo gobierno no puede significar el comienzo de una etapa en la que expresar una opinión crítica, cuestionar decisiones públicas o convocar a una manifestación pacífica exponga a cualquier ciudadano a investigaciones penales. La democracia se fortalece garantizando el disenso, no criminalizándolo.
Defender el derecho ciudadano a expresarse, organizarse y convocar pacíficamente a la movilización no implica compartir necesariamente todas las opiniones, posiciones o planteamientos de las personas hoy denunciadas. Significa defender un principio democrático esencial: que ninguna persona debe ser objeto de persecución estatal por ejercer derechos fundamentales. Si hoy se criminaliza a quienes piensan distinto, mañana cualquier ciudadano podrá ser perseguido por cuestionar al poder. Por eso, este no es solo un acto de solidaridad con las personas denunciadas, sino una defensa de las libertades que pertenecen a toda la ciudadanía.
Exigimos el cese de cualquier actuación estatal que busque criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales, el respeto irrestricto a la libertad de expresión, de reunión y de protesta pacífica, así como la actuación imparcial de todas las instituciones del Estado. Exhortamos a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes a garantizar que el derecho penal no sea utilizado como una herramienta para desalentar la participación ciudadana, restringir el debate democrático o perseguir a quienes ejercen legítimamente su derecho a disentir. La democracia se defiende garantizando más derechos, nunca menos.