POR LA RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA EN EL SISTEMA FLUVIAL PARANÁ-PARAGUAY

Ante la inminencia de la toma de decisiones trascendentales para el futuro de la Nación en relación con el sistema fluvial del Paraná-Paraguay (denominado impropiamente “hidrovía”), con motivo del fin de la concesión que se otorgara a manos privadas extranjeras en 1995, los integrantes de la Agrupación TODOS SOMOS PATRIA-Seccional Santa Fe, se sienten en la obligación de fijar una posición al respecto, debido a las posturas antagónicas que se manifiestan respecto a este tema.

En relación a la situación generada por la ya fenecida y prorrogada concesión, es importante destacar algunos elementos que permitan emitir con certeza los juicios de valor y las propuestas que se pretendan presentar para superar el actual estado de las cosas:

-El poder otorgado a las empresas concesionarias es tal, que ni el Estado Nacional ni los provinciales tienen la posibilidad de ejercer el control fiscal, sanitario, de pesajes y de policía fluvial, aceptándose simples declaraciones juradas como único elemento de prueba de las cargas de alrededor de 6000 buques que trafican, por este sistema de navegación interior, el 85 por ciento de las exportaciones argentinas, gran cantidad de las cuales se realizan de contrabando.

-La estructura productiva agraria argentina está desarrollada para beneficiar a una pequeña cantidad de oligopolios exportadores cartelizados. Estos son también los propietarios de la mayoría de los puertos fluviales, donde el Estado no tiene control alguno sobre los volúmenes exportados, ni la calidad de los mismos, además de estafar a los productores agrarios cobrándoles los derechos de exportación que les corresponde pagar a ellos.

-La obligada utilización del Canal Punta Indio en el Río de la Plata, genera la forzosa derivación del flujo de los buques hacia el puerto de Montevideo, impidiendo la integración directa de los puertos fluviales con los marítimos argentinos y aumentando los tiempos de espera y los costos que de ello se deriva.

-Existen 52 puertos privados en manos de grandes empresas extranjeras a la vera de la costa santafesina, cuyos dominios y poderes son tales, que pueden ser considerados enclaves coloniales dentro del territorio nacional, además de que los peajes para la circulación por este sistema fluvial interior son cobrados también por una empresa multinacional extranjera.

-Esos puertos privados facturan anualmente entre 22.000 y 25.000 millones de dólares, sin que ello signifique más que un insignificante monto en impuestos que se les puede cobrar. Además, las infraestructuras viales que sirven a sus puertos, son financiadas por el Estado.

-Existen afectaciones ambientales producidas por la concepción rentística de las concesionarias, que actúan con desprecio por los daños directos o indirectos de sus manejos del sistema hídrico que tienen bajo su poder casi absoluto.

-Existe una industria naval prácticamente inactiva con capacidad de producción o reparación de dragas, barcazas y buques, con personal capacitado y experimentado dispuesto a realizar las tareas que se necesiten para recuperar y sostener la actividad, con posibilidad de generar miles de empleos directos e indirectos relacionados con esta industria y con todas las actividades derivadas de la infraestructura de transporte fluvial.

-Hay una decena de dragas de propiedad del Estado que, con escasa inversión, podrían ponerse rápidamente en funcionamiento. Además, las balizadoras utilizadas por la concesionaria EMEPA, también son propiedad del Estado nacional, trabajo por el cual le cobran a éste la suma de 50 millones de dólares anuales.

-La dimensión de la elusión fiscal y el contrabando es de tal magnitud, que de normalizarse por vía de la intervención estatal directa, ese ahorro cubriría buena parte de las obligaciones emanadas de la deuda externa heredada del gobierno macrista.

Para superar esta situación generadora de subdesarrollo, dependencia e injusticia social, se propone:

1. Derogación del Decreto 949/2020.

2. Creación de una empresa estatal para el control, supervisión y cobro de los peajes del tránsito fluvial por el Paraná, donde participen, además del Estado nacional, las siete provincias costeras (Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires).

3. Otorgar el balizamiento, dragado y mantenimiento de la vía navegable a la entidad estatal que recupere o reemplace a la Dirección Nacional de Vías Navegables, actualmente en liquidación.

4. Creación de una flota fluvial y marítima nacional, mediante la reactivación de los astilleros estatales y privados nacionales.

5. Intervención estatal en la totalidad de los puertos fluviales existentes o por crearse.

6. Apertura del Canal de Magdalena, para salida/entrada directa al mar de las exportaciones e importaciones, conexión de la via fluvial con el litoral marítimo argentino y reducción de costos operativos.

7. Estudiar los sistemas alternativos posibles para el aprovechamiento rentable de la navegación de los ríos, con adopción de las medidas necesarias para el resguardo ambiental de todo el sistema hídrico involucrado.

8. Realizar un Referendum vinculante que permita decidir, con respaldo popular, las acciones a seguir por el Gobierno Nacional para efectivizar la recuperación de la soberanía sobre el sistema fluvial Paraná-Paraguay.

Dr. Conrado Rodríguez - Secretario General

Dra: Anahí Fernández - Secretaria Adjunta

Arq. Roberto Marra - Secretario de Organización

Roberto Marra - Todos Somos Patria    Contactar con el autor de la petición