Pronunciamiento contra la cancelacion del estatus juridico de universidades en Nicaragua

Hoy por ustedes… ¡nos movilizamos!

Pronunciamiento respecto a la cancelación del estatus jurídico y la confiscación de los recintos de 13 universidades en Nicaragua

Entre el 2 y el 3 de febrero pasado, los diputados nicaragüenses que, en su mayoría pertenecen al partido de gobierno, aprobaron la cancelación de la personería jurídica de trece centros universitarios y de varias asociaciones sin fines de lucro. Una semana después, prosiguieron con seis organizaciones más, entre ellas asociaciones culturales; en pro de las mujeres y niñas; una organización de derechos humanos y el Movimiento “María Elena Cuadra”, este último muy activo en la defensa de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de las empresas maquiladoras y desempleadas.

Las universidades canceladas son: la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI); la Universidad Católica del Trópico seco (UCATSE), ubicada en la ciudad de Estelí; la Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC); la Universidad nicaragüense de Estudios humanísticos (UNEH) y la Universidad Paulo Freire (UPF). A éstas se suman siete universidades extranjeras: la Universidad Internacional de la Florida; la Universidad estatal de Michigan; la Wake Forest University; la Corporation Universidad de Mobile; la Asociación Universidad Thomas More (UTM); la Asociación Universidad centroamericana de Ciencias empresariales (Ucem) y la Fundación Universidad particular en Ciencias del Mercado.

Aunque el trámite relativo a la reciente cancelación del estatus de las universidades haya sido introducido “con carácter de urgencia”, varias señales preocupantes ya anunciaban la actual embestida en contra de los centros de estudios. Una de ellas ha sido el asedio financiero, político, policial y mediático sufrido por la Universidad centroamericana (UCA). Hace varias semanas, este centro de estudios había alertado sobre el recorte del presupuesto del 6%, constitucionalmente asignado (Art. 125 de la Constitución) a las universidades para financiar las becas de estudiantes de escasos recursos, muchos de los cuales proceden de los departamentos.

Cabe recordar que la obligación del Estado de destinar el 6% del presupuesto a las universidades públicas y subvencionadas fue conquistada en los años noventa, por la movilización de la comunidad estudiantil. Irónicamente, entre las y los que hoy promueven activamente dichos recortes, se encuentran exdirigentes estudiantiles afines al partido de gobierno que, en este entonces, participaron en la lucha por el 6% (e incluso fueron criminalizados por ello).

Las leyes liberticidas (ley de agentes extranjeros, de ciberdelitos, entre otras…) aprobadas a finales del 2020 han perseguido el objetivo de desmantelar los espacios de organización, las instituciones que promueven el desarrollo comunitario, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el ejercicio del pensamiento crítico y el acceso a una educación de calidad. El ministerio de Gobernación ha operado como una estructura represiva cuya estrategia es bloquear los trámites y negar los avales para las organizaciones de la sociedad civil e incluso de muchas de las universidades recientemente canceladas y expropiadas. Además de un atropello a la autonomía universitaria, el cierre y la posterior confiscación de los recintos universitarios ha interrumpido abruptamente la carrera de miles de estudiantes. Así mismo, el rector de la Universidad Paulo Freire (UPF) – que formó muchos sindicalistas y lideres sociales al derecho laboral – tuvo que salir al exilio por temor a ser arrestado y sometido a las mismas condiciones de detención inhumanas en las que se encuentran hoy 176 presos políticos. Estas condiciones de tortura carcelaria a la que las personas encarceladas injustamente están siendo sometidas han provocado el deterioro de su salud física y emocional, así como la de sus familias y, el doce de febrero recién pasado, han desembocado en la muerte del exguerrillero Hugo Torres, personaje clave en el derrocamiento de la dictadura somocista (en 1979) y durante el periodo revolucionario de los años 1980.

Como investigadores, docentes, estudiantes y en general personas que conforman la comunidad académica nos sentimos comprometidos, al lado de nuestro/as colegas nicaragüenses, con la defensa de la autonomía universitaria, con la defensa del derecho de vivir, trabajar y transmitir conocimiento en un entorno libre de imposiciones, intimidaciones, adoctrinamiento y represión, tal como lo proclama el artículo 125 de la Constitución nicaragüense.

Hoy, por la situación apremiante que se vive, denunciamos los ataques contra las universidades en Nicaragua y nos solidarizamos con nuestra/os colegas privados hasta de su derecho a protestar. Así lo hemos hecho también con nuestros colegas que han sufrido o sufren juicios, encarcelamientos, amenazas, exilio y hasta asesinatos, como ha sucedido, en los últimos años, de forma reiterada en Turquía, en Brasil, en Irán, en Colombia, en Honduras, en El Salvador… y también en otros países, en donde, aun cuando sean menos sistemáticos, los atropellos que se registran dan muestra de la tentación siempre latente de “inspirarse” de las practicas más autoritarios para controlar los centros educativos.

Porque estamos conscientes que el hecho de callar no hace más que envalentonar a quienes, desde su posición de poder, se han dado a la tarea de sofocar el pensamiento libre y amedrentar a la ciudadanía ¡Hoy por ustedes, nos movilizamos!

14 de febrero del 2022




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