Pronunciamiento Docentes UCE ante emergencia social

PRONUNCIAMIENTO DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL

Quito, 19 de abril de 2020

Las y los docentes abajo firmantes, en tanto trabajadores de la educación y ciudadanos preocupados por el tipo de medidas gubernamentales frente a la emergencia social, nos PRONUNCIAMOS para:

1. Repudiar las medidas antipopulares, antilaborales y anticonstitucionales del gobierno nacional:  La pésima gestión gubernamental de la crisis sanitaria es resultado de la desinversión en salud pública y la indolencia ante los graves desafíos que enfrentamos como sociedades en el Ecuador y América Latina. La celeridad en el  pago de la deuda externa durante la grave conmoción de la salud pública en el país, acompañada del retraso en el pago de salarios y de iniciativas para la reducción de sueldos y horas de la jornada laboral, son pruebas fehacientes de la falta de compromiso político con el bienestar social; estas afrentas son la continuidad de la ola de despidos en el sector público y la indiferencia ante la destrucción de empleos adecuados en el sector privado que hemos visto durante los últimos años. Las profundas desigualdades sociales que han caracterizado históricamente al Ecuador solo empeorarán al darse paso al inequitativo modelo de "aportes solidarios" propuestos por el gobierno, perjudicando aún más los mermados ingresos de las y los trabajadores. Por tanto, el pueblo ecuatoriano no puede ni debe tolerar el proyecto de ley supuestamente “humanitaria” que remitió el gobierno a la Asamblea Nacional el 16 de abril; mucho menos puede callar ante la decisión gubernamental de prohibir a los órganos de justicia recibir acciones de protección de garantías constitucionales. La gran mayoría de países del mundo están enfrentando la crisis con políticas públicas que van a contramano  del sentido común neoliberal que impera en el gobierno ecuatoriano. A diferencia de lo hasta ahora ensayado, son necesarias políticas de protección de lo público; del empleo digno; el establecimiento de una renta básica universal; así como de políticas que garanticen que los espacios sociales en donde transcurre la cuarentena estén libres de violencia de género, tanto intrafamiliar como estatal. No es posible suspender el ejercicio de las garantías constitucionales, ni renunciar al horizonte de una vida más digna para las grandes mayorías, aún en los momentos de crisis como el presente.

2. Denunciar los efectos que estas políticas tendrán en la Universidad Pública, en tanto espacio de inclusión y democratización social. El derecho a la educación y el derecho al trabajo no pueden tratarse por separado; de su conexión dependen los avances en tecnología, infraestructura y talento humano que son fundamentales para asegurar la salud pública. Las políticas del gobierno nacional parecieran buscar desmantelar los avances que con mucho esfuerzo hemos logrado durante los últimos años en la Universidad Pública ecuatoriana. La no renovación de los contratos de docentes-investigadores no solo abortaría un importante mecanismo de captura de talento humano, sino que también afecta directamente al bienestar de las familias de los aproximadamente 500 profesores que laboran bajo esa modalidad en nuestra Universidad. De concretarse esa medida, los principales afectados serían las y los estudiantes, quienes verán un deterioro de la calidad educativa resultante de la sobrecarga laboral a la que serán sometidos los docentes llamados a sostener los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y vinculación con la sociedad. El panorama anterior se complica aún más por el desafío que tenemos de reinventar la educación en tiempos de distanciamiento social, sobre todo si tenemos en cuenta las inequidades del estudiantado en el acceso a las tecnologías de información y la comunicación, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En síntesis, el derecho a la educación pública de calidad no puede estar en cuestión por la falta inducida de planta docente para cubrir las tareas sustantivas de la Universidad: docencia, investigación, y vinculación; tareas que no pueden avanzar por separado, como lo demuestran los  desafíos que nos plantea la crisis multidimensional a la que nos enfrentamos. Por estas razones hacemos un

LLAMADO URGENTE a los siguientes actores políticos y sociales a asumir responsabilidades ante la necesidad  darle otro rumbo a la gestión pública de la crisis. 

A LOS PODERES PÚBLICOS: 1. Su accionar no puede limitarse al llamado a quedarse en casa o a una pretendida "unidad nacional", sin que esto vaya acompañado de políticas públicas que defiendan el bien común por sobre los intereses privados de las élites económicas.  2. Es imperativo que la Asamblea Nacional no dé paso a ningún proyecto de ley que sea atentatorio o regresivo en materia de derechos laborales y sociales. 3. Los funcionarios de los órganos de justicia no pueden permitir que se continúe con el retroceso en materia de derechos humanos que ya fue notorio durante el manejo gubernamental de las protestas de octubre del año pasado. Es imperativo resguardar todos los instrumentos legales de protección de derechos, apuntando siempre a ampliar su alcance y efectividad.   4.  En tanto las universidades públicas son parte del COE Nacional y, por tanto, espacios activos en la lucha contra la pandemia, demandamos el respeto íntegro al presupuesto universitario, necesario hoy más que nunca para la generación de propuestas y acciones para enfrentar la crisis.  

Al HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO: En tanto máximo órgano de gobierno de la Universidad Central del Ecuador, y como sus representados, demandamos lo siguiente:  

1.   Que se manifieste claramente en contra de estas medidas antipopulares y antilaborales, a través de un pronunciamiento público

2.   Que no permita que ninguna de esas medidas de austeridad se apliquen en la Universidad Central, especialmente las relacionadas con temas de estabilidad laboral y defensa del trabajo de todo el personal que labora en la institución: docentes, administrativos, trabajadores de servicios.

3.   Que se revise a fondo el Plan de Contingencia aprobado por el HCU,  para garantizar el derecho a la educación inclusiva, de calidad y con un sentido social. Las consideraciones que deberían regir dicho plan tienen que ser, en primer lugar, de carácter académico, científico y social, antes que las de orden bucrocrático-administrativo, centradas principalmente en poner en marcha una modalidad de educación a distancia  que difícilmente garantiza que los procesos de enseñanza- aprendizaje se desarrollen bajo condiciones adecuadas, dignas y sostenibles.

4.   Que la revisión del plan tome en cuenta la difícil situación económico-social y emocional que atraviesan los estudiantes y sus familias; así como las inequidades existentes entre ellos. Si ya antes de la pandemia, muchas de esas familias vivían en diferentes situaciones de precariedad, hoy lo están aún más, por los despidos en marcha; las reducciones de sueldo y los efectos psicosociales de la cuarentena.

5.   Que se flexibilicen los mecanismos de reconocimiento de actividades de investigación y vinculación durante la emergencia, pues muchas de ellas se irán planteando a medida que avanza la emergencia, para ir respondiendo a los problemas en curso. Son las diferentes Facultades los espacios idóneos para el reconocimiento y despliegue de tales iniciativas.

6.   Que la revisión del Plan sea producto de  auténticos mecanismos de participación de la comunidad universitaria en su conjunto (docentes, trabajadores, estudiantes), lo que permitirá dar cuenta de las diversas situaciones específicas de cada una de las carreras, rescatando la creatividad de dichos estamentos para enfrentar la crisis.

7.   Que, tomando en consideración las recientes proyecciones difundidas a nivel mundial, sobre la permanencia del COVID-19 durante los próximos meses, la revisión del Plan de Contingencia  incluya medidas de salud pública para el eventual retorno a las actividades presenciales. La comunidad universitaria merece saber cómo se prevé precautelar nuestra salud, especialmente la de la población más vulnerable, a partir del momento de retorno a nuestro campus.

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

A las/los docentes universitarios: les llamamos a sumarse a este pronunciamiento y a poner sus diferentes saberes al servicio del combate a la pandemia y a la defensa del bienestar y los  derechos del pueblo ecuatoriano. A las/los trabajadores administrativos y de servicios: les convocamos a hacer causa común para una defensa de la educación pública y de la salud que no menoscabe nuestros derechos laborales. Al igual que ustedes, nosotros también somos trabajadores. A las/los estudiantes: les conminamos a que, desde todas sus instancias de organización y representación, formales e informales, se discutan los problemas aquí planteados, de cara a la construcción de un amplio FRENTE UNIVERSITARIO POR LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO. AL PUEBLO DEL ECUADOR:

Nuestra más profunda solidaridad con todas y todos aquellos que han sido afectados por la pandemia o por la ineptitud gubernamental para enfrentarla. A las personas que han perdido a sus seres queridos; a quienes han enfermado; a quienes cuidan de los enfermos (médicos, enfermeras, familiares); a los que han despedidos o están en riesgo de serlo; a quienes no se pueden quedar en casa porque la necesidad los obliga a ganarse el pan de cada día; a los que no han podido regresar a su patria y se han sentido abandonados; a los que se han sentido ofendidos en su dignidad por el desprecio o la indolencia por el gobierno nacional o los gobiernos locales; a todos ellos, les decimos: los universitarios estamos con ustedes.  

QUE EL SHOCK NO NOS PARALICE

¡¡¡OTRA GESTIÓN DE LA CRISIS ES POSIBLE!!!  

Primeras adhesiones   Dra. María Mercedes Eguiguren Dr. Ricardo Sánchez Dr. Miguel Ruiz Dra. Soledad Varea Dr. (c) Alexander Amezquita Dr. Jorge Luis Acanda Dr. (c) Omar Bonilla Dr. (c) Tomás Quevedo Dr. (c) Henry Allan Dr. (c) Lenin Miranda Mgs.  Mario Chicaiza       Dr. César Albornoz Mgs. Josefina Torres Mgs. Andrea Reinoso Mgs. Christian Paula Mgs. Gabriela Rosero Mgs. Andres Osorio Mgs. Andrés Aguirre Dra. Maria Luiza de Castro Muniz Mgs. Carol Murillo Dr. (c) Marcelo Bonilla          


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